Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt
19/05/2014 Cada cierto tiempo los países deben hacer una revisión de los avances en la implementación de sus compromisos internacionales, adquiridos en la arena diplomática con el fin de fortalecer la presencia global de la nación y dar cuenta de compromisos específicos, a veces un poco incómodos. Los reportes que se preparan para ello tienden a derivar fácilmente hacia la propaganda, de manera que cada país sea superlativamente más efectivo que el otro y en la eventualidad de que se establezca un escalafón, aparezca al menos en los diez primeros lugares: queda así fehaciente prueba de que lo que no se reconoce en casa al menos sí es visible para los demás.
Los informes del estado de cumplimiento de la Convención para la Diversidad Biológica (CBD), firmado por casi todas las naciones hace 22 años en Río de Janeiro, se confunden fácilmente con catálogos de publicidad turística. Colombia, siendo un país excepcional en biodiversidad, siempre tiene la tentación y posibilidad de construir reportes apabullantes, llenos de retórica triunfalista que nadie cuestiona entre cancillerías, pero que si genera sonrisas en otros ámbitos. Afortunadamente siempre están los Estados Unidos para criticarlos por no haber firmado el tratado…
Este no es caso; sin embargo, del último reporte oficial que hace Colombia ante los países de la CBD: no es un compendio de las cosas maravillosas que se hacen para proteger la fauna y flora, ni siquiera un documento que excusa la falta de resultados de la gestión en la recursiva cortina de que “se trata de un proceso”. El V Informe Nacional de Biodiversidad, dado a conocer la semana pasada por el Ministerio de Ambiente y Pnud, y remitido cumplidamente a la Secretaría del Convenio, es un acto de sinceridad: mal haríamos pretender que con inversiones ambientales por debajo de 0,3% del PIB (es decir, indetectables para el caso de la biodiversidad), de verdad estamos haciendo la tarea. Se declaró la ampliación del Parque Nacional Chiribiquete, en plena Amazonía, hasta hacerlo uno de los más grandes del mundo, y eso hay que celebrarlo y destacarlo. Pero la creación de áreas protegidas es apenas un componente de las Metas de Aichi, que constituyen el núcleo de los compromisos internacionales que por la Ley 165 de 1994 decidimos adoptar y que no van bien.
El informe, preparado por Lorena Franco y Juan Pablo Ruiz, expertos independientes, es ante todo un llamado a la cordura de todos los actores institucionales, los sectores productivos y la sociedad civil en todas sus expresiones. Recoge las principales cifras e indicadores que tienen el potencial de ilustrar la implementación de un Plan de Acción en Biodiversidad inexistente, pues la propuesta que se hiciese en 1998 (también obligatoria ante el Convenio) nunca fue adoptada ni aprobada oficialmente, pese al esfuerzo que representó su preparación: quedó en mentes y manos de unos pocos (afortunadamente), y en las bodegas del Ministerio de Ambiente, náufrago de un cambio de gobierno. Una decena de planes regionales se prepararían luego, en cabeza de Corporaciones Autónomas, algunas de las cuales aún lo utilizan como carta de navegación, hasta donde se puede.
Cifras e indicadores que son pocas, es verdad, pues tampoco existe un mecanismo de monitoreo de la biodiversidad en el país, por lo cual debemos acudir a narraciones y casos de estudio para ilustrar lo que nos pasa, lo que hacemos para responder y lo que creemos que estamos logrando. Pero reconocer este hecho es un acto de sinceridad fundamental y un riesgo positivo que ha tomado el Gobierno Nacional, pues pone sobre la mesa las dificultades que tiene Colombia para gestionar la conservación de su patrimonio biológico y reconoce los esfuerzos hechos para adoptar un enfoque distinto, a ver si algún día contamos con un Plan de Desarrollo que reconozca que todas las inversiones que se proyecten están profundamente enraizadas en los procesos biológicos y ecosistémicos del territorio nacional, interpretados e incorporados en decenas de prácticas sociales por una comunidad con historia, conflictos de intereses, conocimiento limitado y terribles perspectivas de futuro climático.
Invito a todos a revisar este informe y contribuir a que sus resultados y reflexiones constituyan la base de un modelo de gestión de la biodiversidad a la altura del país y del bienestar de su gente, de manera que las naciones lo reconozcan así sin necesidad de imágenes épicas y estrategias mediáticas llenas de plumas y paisajes.
Editorial de Brigitte Baptiste para la República: http://www.larepublica.co/
Los conflictos socioambientales, la ecología política y el proyecto EJOLT (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade) fueron los puntos centrales abordados por Joan Martínez Alier, quien el pasado 9 de mayo visitó la sede del Instituto Humboldt ubicada en la calle 72.
El Instituto Humboldt, en convenio con The Environmental Leadership and Training Initiative (ELTI), dictarán del 26 al 31 de mayo el primer curso internacional sobre monitoreo para ejercicios de restauración ecológica. Se trata de una semana de trabajo teórico-práctico que tendrá lugar en el santuario de Fauna y Flora de Otún Quimbaya. El evento contará con la presencia de docentes nacionales y extranjeros expertos en el tema de monitoreo a la restauración.
El 22 de mayo es el Día Internacional de la Diversidad Biológica.
