Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, Gustavo Wilches, experto en medio ambiente y gestión del riesgo, e Isabela Sanroque, representante de las FARC-EP, participaron del foro Posacuerdo y conflictos ambientales: la paradoja de la paz en Colombia, organizado por la Universidad Nacional para reflexionar, entre otros aspectos, en la biodiversidad como víctima y escenario de la confrontación armada colombiana y en sus posibles riesgos durante el período de posacuerdo.

En su intervención, Brigitte Baptiste explicó que, además de víctima, el ambiente fue parte del conflicto por la distribución y acceso inequitativos a los beneficios que ofrece la biodiversidad: “el derecho y la cualidad de controlar procesos ecosistémicos y de disputar la gobernabilidad de los territorios fue un elemento central en la historia del conflicto desde el punto de vista ambiental”, concluyó.
Asimismo, aceptó que aún quedan por evaluar impactos causados por el conflicto, también los resultados y aprendizajes por venir producto de experimentos de gobernanza regionales que van a implementarse en el posconflicto; para estos, el Humboldt ha propuesto espacios de discusión que incorporan la gestión de los ecosistemas en los sistemas productivos, agropecuarios o forestales con apertura a otras iniciativas que la sociedad considere pertinentes desarrollar en próximos años. A partir del conocimiento de las ciencias y servicios ambientales que mejoren la interacción entre producción y conservación será posible la sostenibilidad.

Al analizar la etapa de posacuerdo, la directora del Humboldt consideró que esta no es un cheque en blanco para el extractivismo y sí una oportunidad de construir un espacio de sostenibilidad que garantice condiciones de vida digna hoy y a futuro: “el problema con las actividades extractivas es que no hay retorno mínimo para el mantenimiento de los ciclos ecosistémicos y el bienestar de las comunidades. Un escenario como estos no es opción de futuro para una sociedad que pretende construir paz pues mina y erosiona posibilidades”.

No se trata, entonces, de evitar proyectos mineros, agrarios o forestales en el posconflicto cuando las dinámicas de la sociedad actual implican procesos económicos y ecológicos macro. Es necesario aprovechar las oportunidades y ampararse en esfuerzos de conservación como las consultas populares y la relación entre lo local, lo nacional e instituciones ambientales.

Sobre una eventual alternativa en el cambio del modelo de desarrollo actual del país, Baptiste declaró que las sociedades en este momento están obligadas a replantearlo y es por este motivo que aparecen propuestas de tránsito hacia otros escenarios. En el caso colombiano, mencionó que aún no está claro cómo transitar a modelos sostenibles a pesar de ser este uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): “en el Humboldt hemos identificado varias dimensiones para un paso a lo sostenible en época de paz, mismos que son susceptibles de discutirse en el Congreso de la República, en Planeación Nacional, foros y eventos que permitan proyectar escenarios futuros”.

Estas dimensiones apuntan a cómo se construirá y desarrollará una mejor sostenibilidad, entre otros, en territorios colectivos y bajo escenarios de minería legal e ilegal, agricultura campesina, etc. La manera de negociar la sustentabilidad será una discusión trascendental, también la forma de incorporar allí la voz del territorio y la experiencia de los pueblos indígenas y comunidades afro, cuyo aporte es considerable porque conocen la forma en que hablan los distintos elementos de la biodiversidad.

Por su parte, el profesor Wilches prefirió referirse a paz conflicto, en reemplazo de posacuerdo, y a territorios en lugar de ambiente. Desde su perspectiva, expresó que los territorios no son simples objetos sobre los cuales los humanos negociamos, por lo cual es pertinente preguntarse cuáles derechos le han sido violados de manera reiterada durante la época de conflicto armado hasta hoy. Al respecto comentó: “los territorios se resisten a ser solo un escenario de las actividades humanas y reclaman un rol protagónico en el paz conflicto o en las condiciones que garanticen la construcción de paz”.

En esta misma línea, señaló que no es posible un ordenamiento del territorio y un desarrollo sostenible si se obvian experiencias existentes en la geografía nacional, en el que cada territorio concreto posee conocimientos válidos de lo que significan dichas palabras, por lo cual podríamos aspirar a que allí se encuentren muchas de las salidas a la llamada paz territorial: “hay que partir desde lo local, conocer las miles de respuestas y experiencias de las comunidades y cómo fluye la comunicación entre indígenas, afro, campesinos, organizaciones públicas, privadas de forma independientes o en alianza. Faltaría así la voluntad política como aporte fundamental que construye un país en paz con sus habitantes y con el territorio”.

El profesor Wilches sugirió, además, pensar en lo que él llama “irrenunciables de la biodiversidad”, los cuales deben acordarse entre actores humanos y no humanos de cada territorio. Entre algunos de estos están acceso en calidad y cantidad de agua potable para los seres vivos; seguridad, autonomía y soberanía alimentaria; resiliencia de los territorios a extremos del clima ligados o no al cambio climático y la identidad entendida como sentido de pertenencia al territorio. Una tarea pendiente sería que los actores locales identifiquen a qué no renunciarían según el contexto que habitan.

La intervención final estuvo a cargo de Isabela Sanroque, quien enfatizó que las FARC, por la dinámica del conflicto, tienen un conocimiento geográfico y territorial de la biodiversidad que implica prácticas y saberes conjuntos: “con las comunidades construimos una normatividad para manejo territorial; por ejemplo, las organizaciones campesinas regulan la conservación del ambiente, en especial el agua y el bosque. Son leyes imprescindibles”, destacó.

Para Sanroque, garantizar el buen vivir, en armonía con el ambiente, de las familias y comunidades asentadas en áreas protegidas y la regulación en lo referente a tenencia de la tierra son necesidades primordiales: “la reforma rural integral representa bienestar para las comunidades y la oportunidad de proteger el medio ambiente y así obtener desarrollo en el país”, subrayó.

La representante de las FARC insistió en que no puede pensarse una paz estable y duradera sin solucionar los problemas del campo colombiano: “la lucha ahora es conjunta en pro de la protección de los recursos que por décadas fueron cuidados por el conflicto y evitaron actividades de extracción por parte, por ejemplo, de multinacionales”.

Para terminar el foro, se enfatizó en la necesidad de continuar un trabajo que consolide propuestas más apropiadas a las condiciones ecológicas de los territorios para evitar que el caos de la gestión haga imposible tomar decisiones en el mediano plazo.