“La gestión de la biodiversidad no se entiende como parte del desarrollo rural integral”, así lo manifestó Brigitte Baptiste, directora general del Instituto Humboldt, durante su intervención ante académicos, estudiantes y público no especializado, reunidos para analizar los retos de una reforma rural integral en la construcción de paz.
Asuntos relacionados con cambios sociales, ambientales y de sostenibilidad, así como el reconocimiento al rol de las comunidades rurales en la gestión de los ecosistemas, acompañaron sus reflexiones.
Sostenibilidad en la realidad rural colombiana
Según Baptiste, el país asocia el desarrollo rural integral con la producción campesina y desconoce las prácticas heterogéneas que las culturas han desarrollado en los ecosistemas, invisibilizadas por años de conflicto armado interno y el distanciamiento y ruptura entre las disciplinas académicas, las cuales merecen reconocimiento e inclusión.
“Desde el punto de vista de la biodiversidad, Colombia es un país privilegiado, con condiciones únicas de diversidad biológica a nivel genético, de especies, comunidades y ecosistemas, lo cual indudablemente tiene que marcar una cualidad para el desarrollo rural que hasta el momento no siempre ha sido explícita”, declaró Brigitte.
También, mencionó que el tránsito hacia un desarrollo rural integral sostenible no es una tendencia reciente en el mundo: “la noción de sostenibilidad existe hace varias décadas. Lo nuevo es el deseo de recopilar los aprendizajes al respecto, que funcionan en muy diversas escalas y a veces de manera contradictoria, pues aquello que resulta sostenible para un pequeño productor a la escala de su predio no necesariamente lo es a otros niveles”.
Para ella, la aspiración de un desarrollo rural integral apunta hacia la sostenibilidad en un contexto distinto al de hace cinco décadas, cuando críticas muy marcadas al modelo de desarrollo de entonces dieron origen, entre otros factores, a la insurgencia y a la violencia, aspectos que deben considerarse para evitar los errores del pasado.
Al respecto, Baptiste dijo: “El modelo de desarrollo planteado para el posconflicto debe aprovechar las lecciones aprendidas y plantear un salto cualitativo para no hablar de las mismas metas y condiciones de los años 70. Una de las cosas que nos preocupan, por ejemplo, es la indudable necesidad de construir vías tercerías para incorporar a la población rural a los mercados y darles acceso a todos los servicios del Estado”.
Otro aspecto que le preocupa es el cambio climático y los daños acumulados en el medio ambiente: “La vulnerabilidad de las poblaciones rurales es muy distinta a la de hace 30 o 40 años no solo por eventos climáticos extremos como inundaciones, avalanchas, incendios forestales, etc., sino también por la misma actividad productiva que ha generado más vulnerabilidad y en otras ocasiones resiliencia en la diversidad biológica”.
Recordó, además, la realidad a la que nos enfrentamos, y que amerita atención en torno al desarrollo rural integral, en lo relacionado al daño ambiental acumulado en años de contaminación por agroquímicos, mercurio en el agua, minería, desechos industriales, plásticos, micropartículas en los suelos, sedimentos en el fondo oceánico e “innovaciones tecnológicas gigantescas sin suficiente análisis, las cuales generan riesgos y oportunidades para las distintas formas de desarrollo rural, algunas de ellas con implicaciones importantes en la gestión ambiental y de la biodiversidad”.
Más allá de la discusión sobre transgénicos y semillas, tema que está sobre la mesa y que no pasa inadvertido, Baptiste invitó a mantener los ojos puestos en la bioseguridad y las invasiones biológicas. Para finalizar, destacó los cambios sociales en las familias rurales: “la de hoy es una familia que tiene una forma distinta de hacer las cosas, donde la mujer, los jóvenes, ancianos o la diversidad étnica juegan un rol específico y marcan muchísimo el desarrollo rural”.
Conectar saberes locales con decisiones globales
En cuanto al rol de las comunidades campesinas en la gestión de los ecosistemas, la Directora del Humboldt sostuvo que existen cualidades invisibles del desarrollo rural o de las sociedades rurales que al evidenciarlas promueven la construcción de proyectos y visiones novedosas de dicha ruralidad.
En sus palabras, “el desarrollo rural es mucho más que la producción de alimentos”. Más allá de que nuestras sociedades rurales han liderado la gestión del territorio y el manejo de los ecosistemas en favor de la sociedad, de los colombianos e incluso de la sociedad global. Y concluye: “Las sociedades campesinas, indígenas, comunidades negras, pescadores, etc., mantienen la funcionalidad de los ecosistemas a través de sus actividades y preceptos. Así han garantizado una regulación hidrológica, polinización y ciclado de nutrientes”.
De ello dependen las ciudades. El 75 % de la población colombiana que hoy las habita absorbe y consume servicios ecosistémicos o contribuciones de la naturaleza al bienestar humano, mediadas por las sociedades rurales. Así lo señaló: “Hay una discusión alrededor de los campesinos habitantes de páramos. Ellos llevan décadas allí y son expertos en ecología del lugar. Algunas de sus prácticas responden a la dinámica ecológica y otras chocan con estas ante una realidad de miseria y de deficiencia productiva”. Este panorama demanda un trabajo con estos actores en el manejo de fondo de los ecosistemas.
Ante las preguntas: ¿cómo compensar dicho trabajo?, ¿cómo reconocer lo indispensable de las comunidades campesinas en la conservación por el bienestar colectivo?, Brigitte respondió que “en ese reconocimiento se plantea la necesidad de entrar en esquemas de pago por servicios ecosistémicos, una noción ambigua pues no sabemos qué se paga: la administración ecológica, la provisión de un servicio o la mercantilización de la naturaleza. Necesitamos revisar otras formas de trasferir capacidades a las comunidades rurales y reconocer su rol mediante inversiones directas en educación, calidad de vida u otro tipo de transferencias que generen equidad y más simetría entre las responsabilidades de gestión del territorio”.
Como conclusiones generales, Brigitte Baptiste reconoció la diversidad cultural de un país como el nuestro con más de 100 tradiciones diferentes entre los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas que, incluso, no están cartografiadas de forma correcta desde el punto de vista de su heterogeneidad: “esto, en un territorio con un área como la de nuestro país, representa un acervo importantísimo de sistemas de conocimiento gestados adentro de la diversidad biológica, que ha evolucionado y construido modos de vida y estrategias adaptativas”.
Desde su perspectiva no se trata solo de sistemas simbólicos y construcciones narrativas de la realidad, sino un conjunto de prácticas y modos fundamentales de entender el mundo para su adecuado funcionamiento, donde cada tradición dispone de un potencial para gestionar el territorio a partir de un trabajo multicultural que debe incluirse en los retos de la integralidad.
La directora del Humboldt aprovechó, además, para pedir a Colciencias que ejerza un rol primordial en la financiación de varios modelos de conocimiento por las múltiples perspectivas de innovación y de trabajo con la biodiversidad presentes en la sociedad colombiana.
Sobre el hecho, aseveró: “necesitamos un mecanismo de gestión de conocimiento que circule libre y a disposición de los colombianos para conservar y capturar los aprendizajes históricos, corregir aquellos elementos de insostenibilidad que son evidentes y están vinculados con políticas equívocas, falta de información, adopción de tecnologías aún no evaluadas y, en fin, reconocer que hay historia de la gestión ambiental y del desarrollo rural muy útil en estos momentos para las decisiones que tomemos en los próximos años”.
Su reflexión finalizó refiriéndose a Colombia, el país de la megadiversidad, y sus aportes al planeta Tierra desde los servicios ecosistémicos y la protección del patrimonio genético; asimismo los modos de vida y culturas colombianas, los cuales le proveen garantías y capacidades adaptativas al cambio climático como insumo en la construcción de equidad y justicia ambiental. Para ella, conectar la actividad local con las grandes decisiones globales es parte de la política ambiental y de desarrollo rural integral en el mundo.