Brigitte Baptiste
En las vertientes de las montañas de Colombia, donde corre el agua que alimenta los distritos de riego y hace que los ríos se desborden por temporadas reconectando ciénagas y madreviejas, para permitir la pesca, se evidencia una condición peculiar de nuestro país: la extremada variabilidad de los seres vivos que la habitan. Decimos, medio en broma, que Colombia es un “país de sapos”, pues cada cuenca hidrográfica tiene una rana distinta, una palma propia, su mariposa insignia. Y por supuesto, nos preocupamos cada día más por garantizar su derecho a la vida, a la par que entendemos que su presencia es indicadora de salud ambiental y esperanzas para afrontar el desastre climático. Pero no hemos podido entender que es imposible plantear su perpetuación dentro de un imaginario de ecosistemas prístinos o áreas protegidas estrictas, como pareciera estarse planteando, en una visión “más papista que el papa”, cada vez con menos imaginación y que alimenta el maniqueísmo del “ellos o nosotros”, al referirse a las poblaciones de fauna y flora colombianas.
El enfoque de ordenar el territorio mediante líneas que definen zonas restrictivas a la intervención humana no corresponde ni siquiera a los aprendizajes milenarios derivados de los indígenas, ni a las prácticas productivas de la mayor parte de la población rural que ha tenido que aprender que las selvas ecuatoriales, los bosques secos, los ríos oscuros y sus raudales, las sabanas o los páramos, tienen sus “vocaciones ecológicas”, es decir, que requieren inteligencia adaptativa para ser habitados, y que según esta se desarrolle, será factible la convivencia humana con aquello que para la mayoría se llama “naturaleza”. De hecho, ningún territorio está en capacidad de retener sus valores ecosistémicos de no hacerse un manejo activo del mismo, por lo cual todos los países tienen agencias de parques naturales. Colombia, incluso, reconoció hace tiempo que esos parques deben ser “manejados con la gente”, aunque a veces en la práctica no se hace.
Los retos de la convivencia, sin embargo, no son sólo los que se plantea a este 25% de población rural. Y tampoco están plenamente resueltos: la búsqueda de nuevos estándares de vida, inducidos o no por imaginarios colonialistas, desarrollistas, consumistas o panteístas, implica una prueba ácida que día a día deben resolver las comunidades que viven en los agroecosistemas, una mezcla de vida nativa e introducida que se maneja de mil maneras y donde el debate de la sostenibilidad tiene tanto de largo como de ancho.
En un evento reciente de la Andi en Cartagena tuvimos la oportunidad, con la Directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Claudia García, y Julio Cárcamo, de TNC (The Nature Conservancy) de adelantar una conversación acerca de las “señales” de política ambiental que requiere el sector minero energético del país para adelantar su actividad, no solo ateniéndose a la ley, sino apelando a una visión más amplia de su papel como generadores de desarrollo. El planteamiento partió de la necesidad de reconocer que hacer bien las cosas implica reconocer y aprovechar su condición excepcional en términos biológicos y culturales, y de allí en adelante construir una respuesta que, dado el caso, sólo puede ser de convivencia. Nadie reconocería explícitamente que no está de acuerdo con esa visión, pero cuando hay casi 1.900 especies de aves distribuidas por todo el territorio, de las cuales 66 son exclusivas (Francia tiene 541 y toda Europa, 700), acomodarse juntos no parece fácil, y menos si no se entiende que de esas aves, junto con todo el resto del sistema vivo, depende la seguridad ambiental de la economía. Los conferencistas noruegos, directores del sector en su país, recalcaron esa noción en todas sus intervenciones: las inversiones en juego son demasiado grandes y estratégicas para su país como para arriesgarlas a la ruleta de la inestabilidad ambiental.
Si todas las actividades humanas implican transformación del territorio, dependerá más de cómo esta se lleve a cabo, para definir el espacio de convivencia, que es a la vez el de mutua conveniencia. Y es claro que en Colombia solo pensando en áreas protegidas estrictas no lograremos lo que tal vez en otros países sí. Necesitamos mucha mayor creatividad en las formas que utilizamos para hacer de la conservación un resultado de la agricultura, la minería, la construcción de infraestructura o el desarrollo urbano: la gestión ambiental no es una actividad que deba o pueda ejercerse más “a la defensiva”, así ese fuera el principio de la historia. Necesitamos alianzas que muestren que el desarrollo en Colombia es factible con rostro propio; esa es la condición de la sostenibilidad.
